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Susanade laSierra
El marco jurídico
de la educación audiovisual
ACADEMIA
20
CINE Y EDUCACIÓN
L
a educación audiovisual es desde hace tiempo uno de los objetivos
de las políticas públicas tanto en algunos Estados como en las
instituciones de la Unión Europea. Enmarcada en la educación
para los medios o media literacy, persigue formar una ciudadanía
crítica y activa que comprenda, gestione e interactúe con los mensajes
audiovisuales y evite una mera recepción pasiva de un determinado
discurso. Además, la educación audiovisual se ubica en la educación
para las artes y adquiere una importancia destacada en una sociedad
cuya cultura no está ya solo constituida por las artes más clásicas. Por
expresarlo de manera muy simple: una persona formada no solamente
ha de haber leído determinados libros o ha de conocer ciertas
obras pictóricas, también tiene que contar con un particular acervo
cinematográfico.
Siendo así que puede alcanzarse algún consenso respecto a los
objetivos enunciados en el párrafo anterior, el establecimiento de
instrumentos para alcanzar dichos objetivos no siempre resulta
sencillo. Países como Francia o el Reino Unido disponen de lo que se
ha dado en llamar Planes Audiovisuales y cabe plantearse si un plan
de estas características puede establecerse a nivel estatal en nuestro
país. Existen planes audiovisuales a nivel autonómico, algunos de ellos
con un elevado grado de implementación y que pueden considerarse
historias de éxito e incluso modelos de alcance general. Sin embargo,
trasplantar a nivel estatal el sistema francés, el británico o incluso
el existente en algunas Comunidades Autónomas no es un proceso
exento de complejidades de todo orden, algunas de ellas (no todas)
jurídicas.
Hace un par de años, al amparo del grupo de investigación
ComPublic (Comunicación Pública: Poder, Derecho y Mensaje) se
organizaron unos seminarios sobre educación audiovisual. Varios
profesionales del sector del cine, de la educación y del derecho, amén
de algunos representantes institucionales, se acercaron a las aulas de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y expusieron su
visión en esta cuestión necesariamente poliédrica. Retendré de todo
lo allí debatido los aspectos de corte jurídico que puedan resultar de
interés en este momento.
Fernando Lara relató el proceso de gestación de la Ley del Cine
de 2007, una ley de una elevada calidad técnica, fruto del acuerdo
de todas las fuerzas políticas con representación
parlamentaria y que sigue en vigor tras
alguna reforma parcial. En ese proceso, la
educación audiovisual se encontraba presente
y su concreción se plasma hoy en diversas
referencias en el texto legal, como es el caso de la
Disposición Adicional Séptima, sobre acceso de
los productos cinematográficos y audiovisuales
al sistema educativo, donde se señala que "las
Administraciones Públicas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, promoverán la
accesibilidad de los productos cinematográficos
y audiovisuales al sistema educativo a través
de programas de formación, de manera que sus
contenidos puedan también quedar integrados en
aquel". Algunas iniciativas de esta índole existen
ya también a nivel estatal, donde destacan los
proyectos fruto de la colaboración entre el ICAA
y las asociaciones del cortometraje, un formato
excelente para ser utilizado en las aulas. Estas
iniciativas, que en los últimos tiempos han
recobrado un nuevo impulso, pueden ser, de
hecho, el embrión de algo más ambicioso.
Para analizar la complejidad del marco
jurídico en esta materia, en los seminarios se
contó con Pablo Meix, un experto en Derecho de
la educación, que es la óptica esencial en la que
se ha de ubicar este debate. El punto de partida
del análisis es la estructura territorial del poder en
España, que es diferente a la existente en Francia
y en el Reino Unido. Siendo España un Estado
descentralizado, la competencia en materia de
educación es esencialmente de las Comunidades
Autónomas, una situación bien distinta a la
francesa o a la británica y ello condiciona cuanta
actividad se quiera emprender en la materia. No
obstante, es evidente que existe un marco jurídico
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