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ACADEMIA
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La principal barrera
jurídica para emular a
otros países es el sistema
competencial en España
común para todas las Comunidades Autónomas, en el que podrán
desarrollarse las políticas públicas que cada una estime conveniente
en materia educativa. Y en este quicio, el que se ubica entre las
competencias estatales y las competencias autonómicas, se podría
diseñar el Plan Audiovisual.
La principal barrera jurídica para emular a otros países, por
lo tanto, es el sistema competencial en España. Sin embargo, ya
se ha indicado que pese a que puedan y deban mantenerse las
singularidades de cada normativa autonómica, cabe pensar en unos
elementos de común aplicación. Para ello, se ha de realizar una labor
que trasciende lo jurídico y a lo que contribuye de manera destacada
este número de la revista: se ha de definir con concreción qué es
un Plan Audiovisual y cuáles son los objetivos que se persiguen con
el mismo. En función de qué se pretenda alcanzar, probablemente
los instrumentos (jurídicos y no jurídicos) serán diversos. Quizás lo
razonable sería elaborar un documento en el que se identifiquen con
claridad cuáles son esos objetivos, diferenciando por etapas educativas
y apuntando a las necesidades de regulación y de otra índole que cada
medida pueda comportar.
Probablemente, un Plan Audiovisual tenga que
recoger, entre otros, los siguientes aspectos: (1)
el fortalecimiento de la presencia del audiovisual
como objeto de conocimiento en el currículum
escolar, incluyendo un eventual canon de
películas cinematográficas a modo de propuesta;
(2) el uso responsable del material audiovisual
como herramienta docente en el aula, añadiendo
instrumentos de concienciación sobre el respeto
de la propiedad intelectual; (3) la asimilación
del lenguaje audiovisual en la doble vertiente
de recepción y producción; (4) la formación del
profesorado y el reconocimiento de las iniciativas
singulares que se emprendan en los centros,
bien a nivel individual bien a nivel colectivo;
(5) los mecanismos para favorecer la presencia
de profesionales en las aulas, promoviendo
acuerdos entre instituciones públicas y entidades
representativas del sector; (6) las herramientas
para acercar los centros educativos a las salas. A
todo ello se habrían de sumar líneas de trabajo
transversales, como es el tratamiento de la
diversidad y, en particular, también la vertiente
que conecta con la igualdad de género.
Cada uno de estos elementos requiere un
tratamiento jurídico diferenciado, dentro del
marco general que exponía más arriba. Pero a toda
norma le ha de anteceder algo más importante:
un acuerdo sobre los objetivos y también sobre
los medios para conseguirlo. El dar voz a una
pluralidad de sujetos e instituciones a través de
esta revista puede ser un buen comienzo para ello.
• Susana de la Sierra es jurista, profesora universitaria y asesora del
Tribunal Supremo en el área contencioso-administrativa. Exdirectora
general del ICAA.
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